Antecedentes
La presidencia de la república mediante Decreto Ejecutivo 149, publicado en el Registro Oficial No. 146, de 18 de diciembre de 2013, dispuso la implementación del gobierno electrónico en la Administración Pública Central.
Con Acuerdo Ministerial No 1063 de 20 de febrero de 2015 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 312 del 28 de abril de 2015, se expidió la primera versión del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, plantea la implementación de un conjunto de sistemas tecnológicos en la APC.
Mediante Acuerdo Ministerial No 1762 de 30 de septiembre de 2016 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 873 del 31 de octubre de 2016, se expidió la primera actualización del Plan Nacional de Gobierno Electrónico el cual plantea un marco de una arquitectura de servicios gubernamentales que organice la construcción de los servicios electrónicos.
Con Decreto Ejecutivo No. 5, publicado en Registro Oficial, Suplemento 16, de 16 de junio de 2017, se transfieren al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información las atribuciones que le correspondían a la Secretaría Nacional de la Administración Pública respecto a: “Gestionar la política y directrices emitidas para la gestión de la implementación del gobierno electrónico; y, Desarrollar y coordinar planes, programas o proyectos sobre gobierno electrónico que sean necesarios para su implementación”.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – Toda una Vida, aprobado en sesión del 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución No. CNP-003-2017, por parte del Consejo Nacional de Planificación, establece en su Objetivo 7, como una de sus metas “Mejorar el índice de gobierno electrónico a 2021”.
A través del Decreto Ejecutivo No. 163, publicado en Registro Oficial Suplemento 97, de 11 de octubre del 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, resolvió que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, actualice el Plan Nacional de Gobierno Electrónico para la Función Ejecutiva de conformidad con las políticas y directrices que establezca la Presidencia de la República.